Sabana Grande de Boyá, Monte Plata. – La mañana de este viernes se repitió una escena que debería estar prohibida por cualquier norma mínima de protección a la infancia y al derecho a la educación segura: en la escuela , del distrito municipal de Gonzalo, ocho estudiantes y tres profesores —entre ellos una mujer embarazada— resultaron intoxicados presuntamente por la aplicación de pesticidas en un terreno agrícola cercano al plantel.
Según versiones preliminares, los afectados comenzaron a presentar mareos, náuseas, dificultades respiratorias y fuertes dolores de cabeza, lo que generó pánico entre los presentes y motivó la suspensión inmediata de las clases. Fueron trasladados de urgencia al , en Sabana Grande de Boyá, donde algunos permanecen bajo observación médica, mientras otros fueron dados de alta tras recibir atención.
Pero lo más alarmante no es solo el hecho, sino la reiteración del mismo: este es el segundo episodio de intoxicación registrado en la misma escuela este año. Y ante esta evidencia, quedan muchas preguntas sin respuesta: ¿Por qué sigue exponiéndose a niños y maestros a sustancias tóxicas en un entorno escolar? ¿Quién asume la responsabilidad? ¿Qué mecanismos de prevención y de rendición de cuentas existen realmente?
¿Qué está fallando?
- Control y regulación precarios. La escuela se encuentra en una zona agrícola, y el hecho de que plaguicidas u otros agroquímicos hayan sido aplicados tan cerca del centro educativo indica una falla grave en los controles de uso, las distancias seguras, y los protocolos de aviso y protección.
- Falta de protección para poblaciones vulnerables. En esta ocasión, entre los afectados figura una profesora embarazada, lo que pone en evidencia la enorme vulnerabilidad de quienes podrían estar doblemente expuestos: al riesgo químico, al sistema de atención y a implicaciones de largo plazo para su salud y la de su bebé.
- Alertas ignoradas. Que haya sido el segundo caso en la misma institución habla de negligencia sistemática: los padres y la comunidad escolar ya habían advertido sobre fumigaciones cercanas, sin que hasta ahora se vea una acción contundente.
- Débil coordinación institucional. Aunque el (MINERD) ha anunciado acciones legales y preventivas tras estos episodios, la prevención real sigue siendo extemporánea. Cuando alguien anuncia “compromiso inquebrantable”, pero los hechos se repiten, el problema es de implementación, seguimiento o voluntad política.
¿Qué exigimos?
- Investigación pública, transparente y sancionatoria. No basta con que se “investigue”; debe conocerse quién aplicó los pesticidas, con qué productos, bajo qué condiciones y si hubo advertencias formales. Y si se comprueba negligencia o incumplimiento, deben aplicarse sanciones ejemplares.
- Protección prioritaria de los centros escolares. Todo centro educativo debe ser zona libre de agroquímicos o fumigaciones sin aviso mínimo 48 horas antes y lejos de las áreas de niños. Se deben instaurar mecanismos de monitoreo y protocolos de contingencia.
- Formación y protocolo de actuación ante emergencias. Profesores, personal y estudiantes deben saber qué hacer ante síntomas de intoxicación, con rutas claras de evacuación, atención médica y comunicación a padres y autoridades.
- Revisión de la política agrícola y de salud pública. No puede permitirse que la producción agropecuaria comprometa la salud infantil. Es necesaria una evaluación de dónde, cómo y cuándo se aplican plaguicidas cerca de comunidades, escuelas y centros de salud.
- Participación comunitaria y empoderamiento. Los padres, maestros y vecinos deben tener canales de alerta anticipada y participación en la vigilancia de riesgos químicos en su entorno.
Conclusión
Este incidente en Sabana Grande de Boyá es mucho más que una intoxicación anunciada: es un símbolo del descuido estructural que sufren las poblaciones más vulnerables —niños, maestros, personas embarazadas— en zonas rurales donde la agricultura convive con la vida escolar sin cortina de seguridad. Que se repita dos veces demuestra que no basta con declaraciones institucionales: se requiere voluntad, transparencia y acción concreta.
Mientras los niños respiran humo de agroquímicos sin respuesta, se plantea una pregunta clara para las autoridades y la ciudadanía: ¿Queremos realmente una educación libre de riesgos o permitiremos que la producción agrícola siga vulnerando derechos fundamentales con la indiferencia del Estado y la pasividad social?
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