Doce años de la Sentencia 168-13: el apartheid silencioso contra mujeres y jóvenes dominicanos de origen haitiano
Santo Domingo. – Han pasado doce años desde que el Tribunal Constitucional (TC) emitió la Sentencia 168-13, un fallo que no solo despojó de su nacionalidad a miles de dominicanos de ascendencia haitiana, sino que institucionalizó un régimen de exclusión y apatridia que, a día de hoy, sigue golpeando con fuerza a mujeres y jóvenes.
La abogada y defensora de derechos humanos María Bizenny Martínez lo resume con crudeza: las mujeres afectadas viven atrapadas entre la invisibilidad legal y la violencia cotidiana. La falta de documentos oficiales las convierte en presas fáciles del acoso, la explotación laboral y la violencia sexual. Peor aún, carecen de mecanismos efectivos de protección o reparación.
Un legado de segregación
La sentencia no se limita al terreno jurídico; configuró un sistema de segregación social y racial que Martínez no duda en calificar como un apartheid moderno. Los hijos e hijas de quienes fueron traídos al país para sostener la industria azucarera dominicana —un pilar económico durante décadas— hoy son tratados como intrusos en la tierra donde nacieron.
“Sus padres dejaron su salud y su vida en los cañaverales, sin que el Estado reconozca ese aporte ni garantice justicia para sus descendientes”, denunció Martínez, coordinadora del área de derechos humanos de MOSCTHA.
Mujeres bajo ataque
La negación de acceso a salud, educación y empleo formal perpetúa un ciclo de vulnerabilidad. Mujeres embarazadas sin atención médica, madres lactantes desprotegidas y jóvenes sin oportunidad de empleo son el rostro humano de una política que parece diseñada para excluir deliberadamente.
No se trata solo de trámites burocráticos: es un sistema que expulsa a estas personas de los servicios más básicos, les niega identidad y, con ello, dignidad.
Una ciudadanía condicionada
Doce años después, el Estado insiste en vender al mundo una imagen de país progresista y defensor de la inclusión, mientras internamente mantiene un régimen de discriminación avalado por el silencio institucional y la indiferencia mediática.
La Ley 169-14, que se presentó como un mecanismo de solución, ha sido en la práctica un parche insuficiente: muchos quedaron fuera, otros viven en un limbo administrativo, y el resultado final ha sido consolidar una ciudadanía condicionada, donde el derecho a existir depende del apellido o del color de piel.
Los jóvenes, borrados del mapa político
La exclusión de los jóvenes afectados es aún más estratégica: se les bloquea sistemáticamente del sistema social, económico y político. Se les niega no solo estudiar o trabajar, sino también la posibilidad de elegir y ser elegidos, garantizando así que nunca tengan voz en la toma de decisiones.
El costo de la indiferencia
Mientras tanto, el Estado dominicano continúa lucrándose de la mano de obra barata de los migrantes, pero niega a sus descendientes los derechos básicos de ciudadanía. Una contradicción histórica que revela el doble discurso: se acepta el sudor de los cañaverales, pero se rechaza la sangre que nace en territorio dominicano.
En palabras de Martínez, esta exclusión “perpetúa la apatridia, viola principios fundamentales del Estado de derecho y consolida un modelo de racismo estructural disfrazado de legalidad”.
📌 Conclusión crítica: La Sentencia 168-13 no es solo un fallo judicial: es la arquitectura de un sistema que normaliza la apatridia y convierte a miles de dominicanos en ciudadanos de segunda. Doce años después, la promesa de igualdad sigue siendo una quimera y la pregunta central sigue sin respuesta: ¿hasta cuándo la República Dominicana sostendrá un apartheid moderno contra sus propios hijos?
Publicar un comentario